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LA SEGURIDAD PUBLICA EN VILO POR EL PEOR DE LOS BLOQUEOS.Opinión Ariel Torrez Guerra

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A partir del terrible intento de quiebre de la cautiva democracia, generado por el fraude electoral y la resistencia violenta a dejar el poder en contra de la masiva voluntad popular, que no toleró mas el abuso y opresión, logrando una sucesión constitucional, instaurándose un periodo de transición democrático de cara a la consolidación de las elecciones nacionales, irrumpido insuperablemente por la pandemia del covit 19, circunstancia tan desafortunada para un país como Bolivia, donde nuestras limitaciones económicas y  sobre todo políticas,  generaron un caldo de cultivo para el asedio a la seguridad publica, en tanto estabilidad general, en términos de gobernabilidad y la administración general del Estado, visualizado muy ductilmente por grupo de hábiles bloqueadores.

Poniendo en contexto los alcances de la seguridad pública, diremos que es la función garantizadora que todo Estado debe entregar a sus habitantes, asegurando su tranquilidad y paz social, sosteniéndola libre y exenta de todo daño, riesgo o peligro, que afecte directamente el normal ejercicio de los deberes y derechos de gobernantes y gobernados; necesariamente aclarando que esta responsabilidad del Estado, se desagrega en sus órganos de poder, de administración y en sus niveles descentralizados, descartando de plano que solo es una competencia y responsabilidad final del ejecutivo, como erróneamente todos lo aprecian así. En consecuencia, es pertinente efectuar consideraciones respecto al desajustado desempeño corporativo de los dos tercios de mayoría legislativa, que en lugar de conformar un estamento de certidumbre y de esperanza, se constituye hoy en una vil trinchera de resistencia a la decisión popular, un mecanismo de presión y bloqueo al ejecutivo que incongruentemente es solventada por los contribuyentes.

Esta claro que el rol legislativo, es parte de los contrapesos y equilibrios imperfectos en todo sistema político de gobierno en democracia, aplica para fiscalizar, consensuar debatir, perfeccionar propuestas, modificar proyectos, etc, y lógico, legislar para beneficio de la sociedad, ya sea  complementando la legalidad en las políticas publicas, en la administración en general, en las relaciones internacionales, otro etc; pero, la distorsión operada por los legisladores prorrogados en sus funciones por una norma legal de carácter transitorio, han puesto de manifiesto, una clara evidencia de lo que no se debe hacer con el delicado rol legislativo, mas aun en esta situación de calamidad sanitaria, lo cual fue muy bien reflejado  por el importante rol de la prensa, casi en su totalidad; veamos algunas:

Acciones como, atribuirse con discurso desafiante, envalentonado y jurídicamente con sustento muy tenue, la titularidad de la presidencia de la Asamblea Legislativa, para operar las competencias de promulgación de leyes reflejando unilateralidad de visión, como la ley que reduce al 50 % el pago de los arriendos, en casas departamentos y negocios, sin análisis integral de la problemática en prospectiva; ley redundante e innecesaria sobre la seguridad laboral; ley que posterga la modificación de fecha de las elecciones avasallando competencias de otro poder del Estado al que nos tenían acostumbrados y ademas hoy como amenaza normativa; traba a la ley de créditos y posterior condicionamiento a su aprobación, para la sancionada ley del bono contra el hambre de 1000 Bs. que a mas de duplicar el monto, multiplicara el impacto a futuro; ley de diferimiento de pagos y créditos y servicios básicos ampliándola fácilmente hasta diciembre que alivia engañosamente generando una nueva deuda acumulada; ley de cumplimiento de derechos humanos, implicando que la Constitución Política y muchas normas concordantes no alcanzarían para precautelar las garantías; la inviabilidad definitiva, mas bien demandada al tribunal constitucional, referida a la simple ratificación para los ascensos de las FF.AA. y el olvido intencionado para no aprobar la ley del 10% para la salud entre muchas, tienen mal-intenciones superiores que no se perciben como los bloqueos viales y violentos.

Claramente son medidas que tienen altos componentes populistas de conveniencia de grupo, que embaucan con un envase social, disfrazando las verdaderas connotaciones, que acumularan problemáticas de administración muy dificultosas y complicaran mas adelante al gobierno que emergerá de las urnas, por tanto nos estamos refiriendo al peor de los bloqueos, maquinado desde los escritorios del legislativo, con instructivos  desde Buenos Aires, que no engañarán la conciencia y raciocinio colectivo, pese a la admisión y recepción de los beneficios.

Por tanto, resulta adecuado visualizar que la seguridad pública, como paraguas de la administración gubernamental, debe ser entendida en ese amplio espectro, cuando toque conocer las consecuencias cuantitativas y cualitativas de un proceso largo y que producto de la alternancia del poder ofrezca la posibilidad de una evaluación nueva, que también debe ser en función de país y no oblicua. Así, estas medidas de emergencia, primero bloqueadas y modificadas sin responsabilidad en prospectiva, también deben ser adecuadamente asumidas e informadas al ciudadano, sin apasionamientos, ni poniéndolas de banderas justificativas, sino planteando soluciones de consenso, que prevengan la disconformidad generalizada y que eviten las consecuencias de hecho y afecten el orden público, permitiendo ingresar en una estabilidad social que no bloqueen las exportaciones, el comercio interno, la función publica y la convivencia ciudadana en general.

EL AUTOR ES LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA

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¿Virreinatos o colonias? Por: Aarón Mariscal

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La conquista española de América es parte crucial de nuestra historia, pero el uso de ciertos términos influye en la forma en que la interpretamos. El peligro más común lo constituye el hecho de llamar ‘colonia’ a lo que más apropiadamente podríamos llamar un régimen de virreinatos.

A veces, cuando decimos ‘época colonial’ o ‘la época de la colonia‘, pareciera que nos referimos con asco y desprecio a un pasado de pura opresión e injusticia. Sin embargo, incluso cuando no se dice con mala intención, ese concepto conlleva toda una carga ideológica.

El término ‘colonia’ tiene mala fama especialmente por las colonias europeas del siglo XIX en África. En ellas, mediante el capitalismo liberal, algunos imperios europeos pretendieron explotaron las riquezas naturales, sin preocuparse lo suficiente del bienestar de las personas involucradas en el trabajo realizado. Tal situación implicó bastantes injusticias contra la población local.

En el caso de la conquista española, durante la época virreinal, a pesar de algunas injusticias propias de toda obra humana, se procedió con la civilización e integración de los nativos americanos a la comunidad de vasallos del rey. ¿Hubo explotación de riquezas? Seguro, pero el resultado dio frutos positivos tanto para la península (hoy España) como para nuestra región (hoy Hispanoamérica). No fue un “se llevaron todo el oro”, y así lo demuestran diversos autores que han estudiado el tema más detenidamente.

En su artículo Civilización y colonización, publicado en la revista Verbo, el filósofo Rafael Gambra define como ‘colonización al «establecimiento de emigrantes o colonos de un país en tierras nuevas, despobladas o débilmente pobladas y cultivadas». En otras palabras, una colonización no necesariamente es mala. Sin embargo, el profesor Gambra continúa diciendo que, en el caso de la conquista española, «más que de colonización debe hablarse de penetración cultural o de extensión de nuestras fronteras». Él señala que, mediante el régimen indiano o régimen virreinal, se consolidó una rápida y profunda asimilación de pueblos por medio del mestizaje. No pasaron ni cincuenta años desde el descubrimiento, y España ya construía

catedrales y universidades al nivel de las que existían en Europa en aquella época.

Por su parte, el profesor Luis Corsi Otálora, en su artículo La integración cultural en las Indias, publicado en la revista Fuego y Raya, brinda datos cruciales sobre las escuelas de caciques, que la monarquía hispánica instauró para educar a los indígenas. Existieron estas escuelas en Tlatelolco, Santafé de Bogotá, Tunja, Quito, Lima, Cuzco, Charcas, Santiago de Chile y muchas otras ciudades. Asegura el profesor: «Queda así desvirtuada la fábula de multitudes obligadas a recibir el bautismo ante la simple exhibición de una Santa Cruz enarbolada».

Por otro lado, según afirma el historiador Marcelo Gullo en su libro Madre Patria: «Sin duda, España siguió en América el ejemplo de Roma: durante la mayor parte del tiempo en que el Imperio hispanocriollo se mantuvo unido, las Indias fueron un reino y no una colonia». El profesor Lewis Hanke, citado por Philip Powell en su libro Árbol de odio, señala: «Ninguna otra nación europea (con la posible excepción de Portugal) se responsabilizó de su deber cristiano hacia los pueblos nativos, tan seriamente como lo hizo España». Finalmente, acerca de la conquista de México y Perú en particular, el historiador Jean Dumont indica en su artículo La primera liberación de América, publicado en la revista Verbo: «Ante todo, si hubo conquista, ésta fue con la participación generalizada de los propios indios, felices de derribar aquí la opresión azteca y allí la incaica».

Tratemos de abandonar el uso de ‘colonia’ o ‘colonial’ para referirnos al régimen indiano. Con el término ‘virreinal’, podemos precisar que nuestros territorios eran virreinatos y no simples factorías con inmigrantes que solo querían sacar beneficio personal de las tierras nuevas habitadas.

Lic. en Ciencias de la Comunicación.

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UN DECALOGO URGENTE PARA EL DEFENSOR

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Tareas urgentes, necesarias e importantes para el nuevo Defensor del Pueblo. No hay más tiempo que perder, los derechos humanos están ahí, pero cada día se los vulnera.

1.- Recuperar la confianza. Es un reto difícil, porque hoy la Defensoría del Pueblo no tiene credibilidad ante más de la mitad de la población boliviana. Considera que es un instrumento del gobierno. En sondeos de opinión, la gente espera una persona imparcial y que sea valiente. Pero nunca el Defensor del Pueblo es neutral, siempre tiene que estar al lado del pueblo y con el pueblo. Es una persona con autoridad moral y ética.

La institucionalidad de los derechos humanos debe ser parte de las luchas, los sueños, las demandas, las denuncias y los logros de los 10 millones de bolivianos.

2.- Leyes y CPE. Bolivia tiene un robusto sistema legal de derechos humanos e instituciones encargadas de hacerlos cumplir. La CPE tiene más de 70 artículos de derechos humanos, más de 50 leyes que protegen a las poblaciones indígenas, adultas mayores, con discapacidad, la diversidad sexual y a las mujeres, niñas y adolescentes.

Constituirse en un ente articulador y de empoderamiento de la gente para que conozca sus derechos humanos y exija su cumplimiento. La Defensoría debe ser el ojo vigilante para que las instituciones del Estado y del sector privado cumplan con todas las leyes a favor del ciudadano y de sus derechos.

3.- Lucha contra la corrupción. La corrupción y los corruptos son una afrenta a los derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo se puede y se debe ejercer un rol fiscalizador y de alerta para que los casos no queden en el olvido ni los corruptos tengan impunidad. Cada día se conocen enormes hechos de corrupción: Fondo Indígena, ítems fantasmas, ambulancias fantasmas, Plan Cuotitas y otros.

Se socava y se debilita los derechos humanos con la impunidad en los casos de corrupción. Por ello, el Defensor debe activar los mecanismos de alerta, denuncia y exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos. No debe ser cómplice con su silencio ante el robo del dinero del pueblo y del Estado.

4.- Derechos de la mujer. Ante las cifras alarmantes de violencia contra la mujer, de feminicidios, violaciones, abusos, acosos, el Defensor debe exigir al Gobierno, gobernaciones y municipios unir fuerzas y que declaren alerta nacional y departamental contra la violencia de género.

El Defensor tiene mucho trabajo en fortalecer, promocionar y empoderar a las mujeres de sus derechos y coadyuvar a eliminar la violencia contra ellas. Profundizar la ruta de destruir al Estado patriarcal y colonizador.

5.- Poblaciones en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, jóvenes. Este reto es de enorme responsabilidad y exige tareas y acciones de coraje. Son vergonzosos los datos de trata y tráfico, de violaciones a niñas y adolescentes, de maltrato infantil, por lo que amerita encarar un ambicioso plan junto a las instituciones educativas, municipales y departamentales, además de la sociedad civil.

La discriminación debe ser combatida, por cuanto las personas con discapacidad y de la diversidad sexual sienten en carne propia esta tara social. He ahí un tema para abordarlo desde diferentes ópticas.

En el caso de las personas adultas mayores, el acceso a la salud, al buen trato y a una renta digna son factores que se deben trabajar de forma colectiva.

6.- Derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Las 36 naciones y pueblos indígenas siguen viviendo en la pobreza, con hambre, con serios problemas de acceso a la salud, excluidas. Sus organizaciones han sido divididas en gran parte. Están atravesando serios problemas sociales y de sobrevivencia. Han sido utilizados en el discurso político para fines determinados y son banderas políticas.

El Defensor debe viabilizar una cultura de respeto a sus derechos, a la autodeterminación de sus decisiones, de sus cosmovisiones y ser canal de diálogo para la unificación de las organizaciones y puente para la concreción de sus reivindicaciones.

La Madre Tierra es avasallada por explotaciones mineras, utilización de mercurio, invasión en áreas protegidas por el narcotráfico, destrucción de los recursos naturales. El defensor tiene que actuar de forma rápida e integral para cuidar y preservar a la Madre Tierra o Pachamama. Que no sólo sean discursos encendidos.

7.- Derecho a la vida y a la salud. La pandemia de Covid-19 en Bolivia desnudó las falencias del sistema de salud público y privado. No habíamos estado preparados para afrontar esos problemas. Se vulneraron los derechos a la vida y a la salud. Una experiencia importante en la gestión de Rolando Villena fue la creación del Defensor del Paciente en los centros hospitalarios públicos.

Es uno de los grandes retos para el Defensor: dar certeza a la gente de sus derechos a la vida y al acceso a la salud.

8.- Derecho a la libertad de expresión y de prensa. Ambos son los pilares de la democracia y de los derechos humanos. La labor de la prensa siempre es una piedra en el zapato para los gobernantes, que no quieren ser fiscalizados o denunciados, por cuanto siempre tratarán mal a los periodistas. Amenazas, juicios, extorsiones, agresiones, confrontación, insultos son parte del enojo del poder hacia los periodistas.

El Defensor tiene la obligación de exigir las garantías para el ejercicio de la labor de los periodistas.

9.- Discriminación y racismo. Ambos han sido utilizados en el discurso de la victimización y de la polarización, además del enfrentamiento entre los bolivianos. Se deben impulsar políticas integrales contra toda forma de discriminación y odio racista, pero en la perspectiva de superar estos problemas y no profundizarlos ni que sirvan de pretexto del poder ni de los grupos políticos para sus fines oscuros.

10.- Poder Judicial, Policía, FFAA. Las principales instituciones vulneradoras de los derechos humanos son esas tres en varios niveles: corrupción, retardación de justicia, falta de debido proceso, prevaricato, maltratos, agresiones, ausencia de informes, tráfico de influencias, etc. Además, la justicia ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un recurso inhumano e instrumento político del poder.

HERNAN CABRERA M.

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Ley de Imprenta, siempre actual y necesaria

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Hernán Cabrera M.

Periodista y ex dirigente sindical de la prensa

Sus 97 años de vigencia le dan la fortaleza y la enorme necesidad de preservarla y cumplirla. Es la Ley de Imprenta, promulgada el 19 de enero de 1925, la misma que siempre ha sido un fuerte dolor de cabeza en los gobernantes de todos los niveles de gobierno.

Más que un derecho para los trabajadores de la prensa es una obligación evitar cualquier perforación o atentado contra esta poderosa ley, a través de la cual el periodista puede informar, denunciar, orientar y fiscalizar en democracia o dictadura al poder y a quienes están cerca del poder. La Ley de Imprenta es una  garantía democrática para el trabajo de los periodistas, cuya misión es servir al pueblo apegado a la verdad.

En reiteradas oportunidades desde los gobernantes se pretende vulnerar este derecho de la prensa y para ello se prestan al juego los fiscales y jueces, que, con ignorancia y complicidad, quieren obligar a los periodistas a develar sus fuentes informativas, cuando éstos informan sobre un hecho de corrupción.

El caso del alcalde de Yacuiba y un juez que están acosando al periodista Roberto Puma a que les diga quién le pasó datos o documentos de un hecho de corrupción, constituye un golpe bajo al periodismo. El problema está en el desconocimiento de la justicia que de forma inmediata debe declinar su competencia y remitir al Tribunal de Imprenta este caso.  Eso lo saben ellos, pero o son ignorantes, irresponsables o se ponen de rodillas ante el poder.

Este caso como muchos otros debe movilizar a las organizaciones sindicales, profesionales y empresariales de la prensa boliviana en repudio a estas intenciones destructoras de la institucionalidad del periodismo, porque de lo que se pretende es generar mecanismos de censura y de autocensura, situaciones que no se pueden admitir bajo ninguna circunstancia.

¿Por qué es importante el secretario de materia de imprenta para el ejercicio del periodismo?

Para investigar al poder y a sus representantes en el ejercicio de sus funciones públicas, en casos comprometidos con la ilegalidad, la corrupción, los nexos ilícitos con el contrabando, narcotráfico o especuladores.

Para denunciar, previa comprobación de los elementos, a todo funcionario público que cometa actos dolosos y de corrupción.

Para coadyuvar al buen ejercicio de la función pública del Presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios, jueces, fiscales, policías, gobernadores, alcaldes y concejales.

Para cualificar el nivel del periodismo en Bolivia, que debe retomar la ruta de investigar al poder.

Para dar garantías al periodista que investiga, que indaga, que compruebe las denuncias y las pueda difundir, sin sufrir procesos ni cárceles ni multas.

Para garantizar al ciudadano su derecho a la información, a la opinión y a que conozca el destino de los recursos económicos del Estado.

Para los que ejercen el poder no mientan al pueblo, ni engañen con discursos demagógicos y acciones totalitarias.

Para que la justicia sea un derecho humano y no una guillotina de venganza o de odio.

Para que no exista impunidad en ninguna esfera del poder.

Para fortalecer la democracia y el ejercicio de los derechos humanos en el Estado Plurinacional.

Esta es la fortaleza del secreto profesional en prensa.

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